Más de 22.800 empresas que han estado afectadas por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en la provincia de Málaga, así como más de 41.000 trabajadores, podrán beneficiarse de las ayudas directas aprobadas el pasado martes en el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía.
Así lo ha dado a conocer este jueves la delegada del Ejecutivo autonómico en Málaga, Patricia Navarro, en rueda de prensa. Las ayudas anunciadas están dentro de una de las líneas de subvenciones incluidas en el Decreto Ley que recoge actuaciones del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias.
Esta actuación guarda relación con el programa de Reactivación Económica y Social firmado días atrás entre el presidente de la Junta, Juanma Moreno, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la patronal empresarial andaluza CEA.
El conjunto supone una movilización de 732,4 millones de euros “que demuestran el compromiso de este gobierno con la sociedad andaluza”, que sumados a los 660 millones del Plan aprobado en noviembre del pasado año suman casi 1.400 millones para los andaluces, ha señalado la delegada junto a la delegada territorial de Empleo, Carmen Sánchez.
El total de las ayudas recogidas en el Plan se desglosa en tres bloques. El primero incluye 14 medidas dirigidas al mantenimiento del empleo y la actividad económica con 585 millones divididas en una línea de subvenciones para los afectados por ERTE con 270,5 millones de euros; una ayuda extraordinaria destinada a trabajadores afectados por ERTE y fijos discontinuos beneficiarios de la prestación extraordinaria, con 75 millones de euros; y tres líneas de ayudas para el mantenimiento de la actividad turística por importe de 27,2 millones.
El segundo bloque está destinado a la protección de las personas más afectadas por la pandemia con una cuantía de 107 millones y el tercero prevé una inversión de 40,4 millones para generar 1.700 contratos por parte de la Administración autonómica. Todo ello con el fin de posibilitar que todas las ayudas se pongan en marcha, reduciendo la carga burocrática.
Navarro ha puesto de manifiesto que, aunque actualmente la provincia mantiene activos 8.500 ERTEs, un total de 22.801 empresas malagueñas se han visto afectadas por este tipo de expedientes de regulación de empleo en algún momento de esta pandemia, por lo que son susceptibles de recibir estas ayudas extraordinarias para hacer frente a los perjuicios causados por la Covid19.
Con estos datos, la provincia de Málaga acumula el 29% de las empresas que en la comunidad están afectadas por un ERTE, así como el 34% de los trabajadores andaluces incluidos en un expediente de regulación de empleo.
En cuanto a las ayudas directas para autónomos, dotadas con 88,6 millones de euros para toda Andalucía, se destinan de nuevo a aquellas actividades económicas más damnificadas por la crisis sanitaria y económica de la COvid19, y pueden repercutir en más de 61.000 autónomos en nuestra provincia.
Protección para las 163 actividades más perjudicadas
La delegada de Empleo, Carmen Sánchez, ha explicado que las ayudas a empresas y trabajadores afectados por ERTE están destinadas a la protección de las 163 actividades más perjudicadas por la pandemia, tales como el comercio, la hostelería, el transporte, la logística y actividades culturales o deportivas, entre otros.
“Las ayudas se podrán solicitar de manera electrónica en la página web del Servicio Andaluz de Empleo, que tendrá que ir acompañada de una declaración responsable en el cumplimiento de los requisitos exigidos”, ha concretado. En cuanto a la cuantía ésta será de 2.020 euros por persona trabajadora, a razón de 505 euros durante cuatro meses, permitiendo una ayuda máxima de 30.300 euros para la empresa.
Por lo que respecta a la ayuda sociolaboral, destinada a fijos discontinuos y trabajadores que están en ERTE, Sánchez ha destcado que “el objetivo es paliar la disminución de ingresos que les ha supuesto la pandemia“, para lo que se destina una cuantía de 210 euros por persona trabajadora “que no habrá que solicitar, ya que el Servicio Andaluz de Empleo las pagará de oficio, una vez haya comprobado los datos con el Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo prioridad las personas que reciban menores prestaciones”.