“Creo que es una buena valoración para el trabajo que vienen haciendo los técnicos de este Ayuntamiento”. En lugar de destacar su ausencia de responsabilidad, o culpabilidad, en el ‘caso Opium’, o la del edil Félix Romero, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, se ha centrado en elogiar los informes de funcionarios que declararon como testigos en el procedimiento penal recientemente archivado por el juez Dívar,en relación conla polémica discoteca de playa. Se trató de una querella vecinal por presuntos delitos de prevaricación, lesiones y contra el medio ambiente.
Así respondía la regidora del Partido Popular el pasado viernes a la pregunta de Marbella Confidencial para que hiciera una valoración del último carpetazo del titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad sobre un asunto que le atañe. Se trata del cuarto archivo consecutivo que dicta Gonzalo Dívar sobre unas diligencias en las que se pone en cuestión la gestión municipal de Muñoz y sus concejales. En esta ocasión, ya sin aforamiento de la antaño senadora, el citado magistrado ni siquiera la citó para declarar como investigad, cosa que si hizo con el resto de querellados, incluido el citado primer teniente de alcalde.
Tal y como hizo Romero la pasada semana, tras la junta de gobierno local del martes 6 de febrero, la primera edil marbellí dijo tras citar las palabras de su brazo derecho que la querella ahora archivada obedecía a “intentar, en el momento en el que se presenta [la querella] hacer más ruido político que otras circunstancias y cuando se aportan todos los informes técnicos, tal y como se han aportado, el archivo absolutamente libre está ahí”, zanjó Muñoz.
Lo anteriormente dicho por la alcaldesa falta a la verdad, al igual que mintió Romero la pasada semana. Ambos gobernantes intentan hacer creer que la querella de Santiago Montero, el vecino afectado por la discoteca, se presentó poco antes de las elecciones municipales de mayo de 2023 para aprovechar el ‘tirón’ de los comicios. Nada más lejos de la realidad, porque se presentó en 2021.
Todas y cada una de las veces que el juez Dívar ha instruido un caso que le afectaba directamente en lo personal (han sido cuatro) Ángeles Muñoz siempre se ha mostrado muy vehemente a la hora de vaticinar que todo se archivaría. Así lo hizo Romero en el ‘caso Opium’ cuando, tras prestar declaración meses atrás, aseguró a su salida de los juzgados que el instructor archivaría este procedimiento penal sin ni siquiera tener que llamar a la alcaldesa para declarar, como así ha sido finalmente.
Cabe recordar el polémico episodio que protagonizaron Dívar y Muñoz en diciembre de 2022 cuando ambos posaron juntos, muy sonrientes, durante una visita al bazar benéfico de Cáritas. La alcaldesa publicó la foto de ambos junto al edil de Seguridad Ciudadana, José Eduardo Díaz, en su red social Twitter, ahora X. Sin embargo, a las pocas horas de dicha publicación, tras el gran revuelo mediático generado, la entonces también senadora del PP optó por retirar la instantánea.