La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, atiende a los periodistas este martes durante un acto. FOTO/ CABANILLAS
“Los contratos se hicieron conforme a ley y, por supuesto, con todos los informes favorables”. Este el principal argumento de defensa que ha esgrimido la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, al ser preguntada este martes sobre las afirmaciones de la fiscal del ‘caso altos cargos’, Isabel Contreras, quien aprecia indicios de presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos en la figura de la también senadora, por lo que ha pedido que la causa que se instruye en un juzgado local se eleve al Supremo, dada su condición de aforada.
En declaraciones a los periodistas, durante un acto de izada de bandera azul en el Puerto Deportivo, Muñoz ha expuesto que “en el caso de las afirmaciones que hace la fiscal, el propio Ayuntamiento y en mi caso yo, le daremos al juzgado toda la información que requiera y le puedo garantizar que las personas que han estado cobrando del Ayuntamiento han realizado su trabajo con toda la dedicación y a partir de ahí se verá cuáles son las afirmaciones que ahí se hacen”, ha dicho para dirigirse a la representante del Ministerio Público.
“Estamos hablando de contratos de la primera legislatura, son personas cargos de confianza”, ha expuesto sobre los diez encausados que obtuvieron gracias a ella contratos de alta dirección, que no eran tales, según la fiscal, y consiguieron, en su mayoría, permanecer en el Ayuntamiento tras ganar los juicios al ser despedidos por el alcalde socialista entrante, Pepe Bernal.
Es evidente que, en el marco de los tres presuntos delitos que aprecia la acusación pública, el que más pesa en lo que a la imagen pública de Muñoz se refiere es el del supuesto perjuicio patrimonial a las arcas municipales, traducido en más de 370.000 euros, siempre según los cálculos de la fiscal Contreras. Todo ello en referencia a los sueldos que cobraron de forma indebida varios de los imputados, a quienes acusa de malversación de caudales públicos por tales motivos, lo mismo que pretende ahora atribuirle a Muñoz. La Fiscalía considera que hubo un “concierto” entre la alcaldesa y los encausados.
Muñoz ha suscrito las afirmaciones sobre este caso del portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, hechas este lunes: “Lo decía muy bien, este Ayuntamiento le puedo garantizar que desde que nosotros entramos ha seguido a rajatabla la ley y las indicaciones que, en este caso, marcaban los habilitados [nacionales]”, en alusión a los altos funcionarios del Estado como el secretario, el interventor y el tesorero.
La senadora ha lamentado que “el Partido Socialista siga empeñado en que, lo que no gana en las urnas, intente ganarlo en los tribunales”. Con este reproche Muñoz se dirige a su antecesor en la Alcaldía, Pepe Bernal, cuando en 2016, durante su mandato, denunció en los tribunales los hechos que ahora podrían derivarse al Supremo.
Cabe recordar que el grupo municipal del PSOE se personó como acusación, una vez abiertas las diligencias a raíz de su denuncia, sustentada por la Fiscalía.
Denuncias del PSOE archivadas
Muñoz dice sentir “pena” hacia los socialistas porque, ha recordado, “todos los procedimientos en los que han estado insistiendo e intentando, una y otra vez, se archivan en los tribunales y no hay una sola condena”. En este punto, la primera edil marbellí ha aprovechado para recalcar que “la única condena hacia un partido ha sido al Partido Socialista, por no dar información a la oposición cuando gobernaba”. Se trata de una sentencia de la época del tripartito PSOE-OSP-IU por la vía de lo contencioso-administrativo (TSJA), ajena por completo al ámbito penal.
En el marco de lo que la gobernante local entiende como una judicialización de la política, por parte del PSOE, Muñoz ha querido comparar el papel de su partido: “Nunca habrán visto que el Partido Popular haya tenido ningún afán de revancha, ni haya utilizado las instituciones, para ir en contra de ningún adversario, partido político”.
Dentro del ámbito de gobierno, reconoce la alcaldesa, “la responsabilidad que se asume algunas veces lleva a que se puedan tomar decisiones que, por parte de algunos, puedan ser consideradas acertadas, o no, pero les aseguro que sí están ajustadas a Derecho y se probará”, ha anunciado con total convencimiento.
Descarta renunciar al aforamiento, que implica abandonar el Senado
El juez Gonzalo Dívar, sale de los Juzgados de Marbella, en una foto de archivo.
Al ser preguntada sobre si en los últimos días, tras conocer el escrito de la Fiscalía contra ella, se ha planteado renunciar al aforamiento, que implicaría dejar su escaño en el Senado, para declarar en Marbella como investigada y que el caso no fuese más allá de la Audiencia de Málaga, Muñoz ha rechazado cualquier atisbo de esa índole: “no se puede renunciar al aforamiento, todo lo contrario”, ha dicho a la espera de una posible instrucción en el Supremo.
“No me cabe absolutamente ninguna duda de que nuevamente se archivará “, ha zanjado con rotundidad la alcaldesa sobre la decisión, en primera instancia, que pueda adoptar el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, quien ya archivó el llamado ‘caso PGOU’, frente al criterio de la Fiscalía, que pretendía investigar a la alcaldesa y que está pendiente de la decisión de la Audiencia de Málaga.
El PSOE llegó a presentar una querella ante el Supremo contra Muñoz, por el ‘caso PGOU’ y, de hecho, el alto tribunal designó al conocido juez Llarena como instructor para decidir si aceptaba, o no, la admisión de la causa. Nada se sabe al respecto desde septiembre de 2018, por lo que es previsible que esta denuncia fuera rechazada.
