La acusación particular, que representa a la familia del hombre fallecido en plena calle en Marbella cuando estaba siendo reducido por la Policía Local, ha elevado la petición de pena para los cuatro agentes de dicho cuerpo. Por su parte, la Fiscalía ha mantenido la acusación inicial, que era sólo contra uno de los procesados.
El juicio ha quedado este martes visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga. Los hechos sucedieron en febrero de 2006 cuando la Policía Local fue avisada de que había una persona con el torso desnudo y un pantalón de pijama caminando por una calle de la localidad en estado de agitación. Primero llegaron dos agentes y luego otros dos, entre ellos el principal acusado.
Tras el juicio, la acusación particular solicita ahora cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación profesional para el principal acusado por un delito de homicidio por imprudencia grave, al estimar que cuando llegó “puso la rodilla en el cuello de la víctima, presionándolo fuertemente contra el asfalto”, lo que dificultó la entrada de aire y le provocó la muerte.
En el caso de los otros tres, ha retirado la acusación inicial por un exceso de empleo de la fuerza, pero les acusa por no evitar lo sucedido, al estimar que se encontraban en el lugar, incluso sujetando al hombre, y “en ningún momento recriminaron al otro agente que cesara de presionar la cabeza de la víctima” y ninguno de los tres impidió esa acción.
A estos tres les acusa de un delito de homicidio imprudente en comisión por omisión y pide tres años de prisión e inhabilitación para el ejercicio profesional por cuatro años para cada uno. Para esta nueva calificación de los hechos, esta parte ha tenido en cuenta las declaraciones de testigos protegidos, sobre todo, la de una mujer, y el informe de la Academia de Medicina de Granada.
Petición de 300.000 euros de indemnización para la madre del fallecido
Como indemnización, solicita que se le impongan a los acusados el pago solidario de 300.000 euros a la madre del fallecido. Por su parte, la fiscal mantiene la acusación para uno de los acusados por un delito de homicidio por imprudencia grave y la petición de dos años de cárcel, añadiendo una alternativa por imprudencia menos grave. Para el resto pide la absolución.
La representante de la acusación pública considera que la actuación de tres de los agentes fue dentro del ejercicio legítimo de sus funciones y según los protocolos; apuntando que el hombre falleció por un delirio agitado –como dijeron los forenses– por consumo de cocaína, con la “concausa” de la contención violenta realizada sólo por un agente, al único que acusa.
En su declaración, los acusados defendieron su forma de actuar, ante la actitud “agresiva” de la víctima que podía ponerse en peligro él o a los viandantes. El principal procesado admitió que se apoyó en el omóplato del fallecido, pero dijo que siguió el protocolo para inmovilizar totalmente a una persona. Las defensas apuntan que, en caso de condena, se aprecie el retraso en tramitar la causa.