“Esto pinta feo”. La escueta expresión, pronunciada por una fuente del Gobierno andaluz en conversación con Vozpópuli refleja a la perfección la preocupación existente en el seno del Ejecutivo que preside Juanma Moreno acerca de la dimensión económica que alcanzan los contratos de la llamada ‘trama sueca’ (tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo) con el Ayuntamiento de Marbellay que superaron los 600.000 euros.
Por primera vez en mucho tiempo el liderazgo de la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, es puesto en entredicho, al menos de forma privada, a la hora de repetir como candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones de mayo de 2023. De forma oficial el que fuera consejero de Hacienda de la Junta con Moreno, Juan Bravo, ahora alto cargo de Génova como cerebro económico de Feijóo, se desmarcaba de mostrar su apoyo personal a Ángeles Muñoz como candidata y daba a entender, este lunes, que el proceso de selección sigue abierto. De hecho, la candidatura de la regidora y también senadora no ha sido ratificada aún.
“Tenemos compañeros para el tema de coordinación y territorial y serán ellos los que tomarán decisiones, partiendo de la presunción de inocencia y buscando los mejores candidatos”, ha apuntado Bravo, en referencia al coordinador general, Elías Bendodo, y el vicesecretario de Organización Territorial, Miguel Tellado.
Diversas fuentes cercanas a Moreno Bonilla, consultadas por Vozpópuli, admiten su malestar por el hecho de que la regidora les haya intentado hacer creer que “la Fiscalía investigó y lo archivó“. Una verdad a medias, por no decir que se trata de una mentira. El fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, se limitó a incoar unas diligencias de investigación penal en 2017. Se trataba de una obra por importe de 60.000 euros y no encontró indicios de los delitos denunciados: fraude en la contratación y prevaricación. Dictó el archivo después de unos meses de pesquisas y tras haberle solicitado personalmente, a la alcaldesa, diversa documentación.
Lo que no cuenta la primera edil marbellí a Génova, ni tampoco a sus compañeros de la Junta de Andalucía, es que la Fiscalía de Marbella nunca investigó el resto de contratos hasta alcanzar la cifra superior a 642.000 euros. De hecho, fuentes fiscales aclaran aVozpópuli que “si ahora han salido nuevos indicios nada impide que se puedan investigar esos hechos”.