El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, junto al también diputado socialista Cristóbal Fernández. FOTO/ EP
El grupo socialista en la Diputación de Málaga instará en el pleno del próximo lunes al equipo de gobierno a que realice, a través del Patronato de Recaudación, un informe sobre las liquidaciones del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, la plusvalía municipal, efectuadas por los contribuyentes malagueños en los últimos cuatro años que puedan ser susceptibles de reclamación por ingresos indebidos al no producirse en la transmisión incremento de valor de los terrenos.
De esta forma, el PSOE quiere conocer a cuánto podría ascender la pérdida de ingresos para los ayuntamientos de la provincia de Málaga. Así lo ha señalado en un comunicado el diputado provincial del PSOE Cristóbal Fernández, que ha recordado que el Patronato de Recaudación es una agencia pública administrativa que busca “colaborar con los ayuntamientos para optimizar la gestión de sus ingresos de derecho público”, y que la mayoría de municipios tienen delegadas sus facultades de gestión, inspección y recaudación tributaria en este organismo, incluida la de gestionar los ingresos en voluntaria o ejecutiva del impuesto de plusvalía.
Además de esta petición, en la moción presentada también pedirán que la Diputación inste al Gobierno de España a que inicie, junto a los ayuntamientos, la reforma de la Ley de Haciendas Locales, en particular lo que concierne a la regularización del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana para evitar la aplicación automática del mismo en los casos en que no se haya producido el incremento de valor.
Asimismo, el PSOE pedirá que se inste al Gobierno a que, en colaboración con los ayuntamientos, establezca mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicializacion de los procedimientos, provocando una avalancha de casos que podría acabar saturando los tribunales.
Fernández ha explicado que la plusvalía municipal es un impuesto que grava el supuesto incremento de valor experimentado por los terrenos de naturaleza urbana como consecuencia de su transmisión, así como por la constitución o transmisión de derechos reales de disfrute, como es el usufructo. Constituye además, ha apuntado, “una de las principales fuentes de ingresos para los ayuntamientos de nuestra provincia”.
Ha recordado que en enero se conoció una sentencia judicial de un juzgado de Lo Contencioso de Málaga que afectaba al Ayuntamiento de Fuengirola, al tener que devolver a un contribuyente la liquidación efectuada del Impuesto de plusvalía por considerar ilegal el cobro al no haberse producido beneficio en la venta de una casa.
También se ha conocido recientemente una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de la que se deriva la necesidad de modificar el actual impuesto de plusvalía. De acuerdo con dicha sentencia, con la actual regulación se someten a gravamen situaciones en las que no se produce un incremento del valor de los terrenos, dado que al calcular el importe de la cuota que ha de abonar el contribuyente se sigue un procedimiento que no toma en consideración el aumento real o potencial de dicho valor.
Fernández ha precisado que la estimación es “parcial” porque el TC “no anula el impuesto”, solo se pronuncia en contra de su aplicación automática, y sin admitir prueba en contrario, en los casos en los que no haya tenido lugar un incremento de valor susceptible de gravamen al momento de la transmisión de un terreno por el solo hecho de haberlo mantenido el titular en su patrimonio durante un intervalo temporal.
“Aunque no es directamente aplicable a las situaciones que pueden producirse en todos los municipios de España, el hecho de que se hayan planteado recursos similares con respecto a la normativa estatal, que establece una forma de cálculo de la cuota tributaria muy parecida, puede llevarnos a concluir que, cuando se pronuncie el TC lo va a hacer en un sentido similar”, ha afirmado.
De esta forma, ha insistido en que “la modificación de las normas que definen el impuesto tendrá un impacto muy notable, tanto sobre su situación económica y financiera como sobre la forma en que han de organizar los procedimientos administrativos de sus órganos de recaudación”.
“Este grupo socialista es consciente de la importancia de este impuesto pero tampoco podemos obviar la situación en la que se encuentra, y los pronunciamientos judiciales al respecto, y tampoco podemos olvidar el problema jurídico y económico que se está produciendo gravando unos incrementos de valor ficticios a muchos contribuyentes”, ha agregado.
Según Fernández, la línea jurisprudencial reciente “abre la puerta para que aquellos que hayan pagado la plusvalía municipal durante los últimos cuatro años, puedan reclamar a los ayuntamientos de la provincia de Málaga su devolución por ingresos indebidos”, si el terreno sobre el que se encontraba el inmueble transmitido no había incrementado de valor en el momento de dicha transmisión, o bien el incremento de valor no guardaba proporcionalidad con el incremento realmente producido.
Por ello, ha señalado, “entendemos que el Gobierno de España no debe esperar a que se produzca el fallo del resto de recursos pendientes”, e insta al Ejecutivo a comenzar a negociar “cuanto antes” las modificaciones legales necesarias “para adaptar las normas a los principios que establece la decisión del TC” y asegurar, al mismo tiempo, “que los ayuntamientos dispongan de la capacidad económica y la autonomía financiera necesaria para continuar ofreciendo los servicios que prestan”.
