Imagen de efectivos de la Guardia Civil durante el registro practicado este martes en Marbella. FOTO/ Twitter SER_MarbellaCSo
La Guardia Civil ha registrado durante varias horas, en la mañana de este martes, un bufete de abogados de Marbella situado en el céntrico edificio Alfil, ubicado en la Avenida Ricardo Soriano. Según la información de fuentes oficiales recabada por Marbella Confidencial se trata de una investigación policial a instancias de la Fiscalía Europea por un fraude de IVA a gran escala, desarrollado en numerosos países del continente, estimado en un montante total de 22.200 millones de euros.
El CEO de la firma Lawbird, Antonio Flores, ha aclarado en conversación con este medio digital que los agentes de la Benemérita personados pasadas las 8 de la mañana en sus oficinas les han requerido la entrega de “tres expedientes de dos clientes de nacionalidad marroquí” que habían enviado tres transferencias bancarias por la suma de total de 530.000 euros, “recibidos por Lawbird” para la compra de tres inmuebles: dos en Marbella y otro Madrid.
Los clientes marroquíes hicieron las transferencias al bufete español a través de un intermediario. Se trata de una empresa portuguesa, a la que Flores atribuye la falsificación de facturas de Lawbird, simulando gastos deducibles por IVA en la compra de productos electrónicos.
“No somos más que el receptor del dinero de un cliente y resulta que una empresa portuguesa ha falsificado facturas de Lawbird para deducirse ante la Hacienda de Portugal gastos de IVA en compras ficticias de productos electrónicos”, ha detallado este abogado marbellí. Flores aclara, además, que no hay ninguna imputación o responsabilidad penal sobre su empresa, ni tampoco sobre clientes de la misma.
De hecho, en el auto de entrada y registro de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso este medio digital, se menciona, en alusión a la firma marbellí Lawbird, que “en el marco de la cooperación administrativa prestada por la Administración española, la empresa española justificó que dichas transferencias recibidas de Impressive Eagle no correspondían a ninguna operación comercial sujeta a IVA”, reza la resolución judicial del Juzgado Central 1, de 44 folios de extensión.
Flores explica que Marruecos aplica “una especie de corralito” para controlar las salidas de divisas con “ciertas restricciones” y que “el país no se empobrezca”. Este obstáculo es salvado por ciudadanos marroquíes, de buena posición económica, que quieren adquirir inmuebles en España. Estos súbditos alauitas transfieren su dinero a oficinas de Marruecos que, a su vez, hacen recalar la transferencia en Europa a través de intermediarios como la empresa portuguesa que “ha falsificado las facturas de Lawbird”, asegura el letrado español.
Comunicado oficial de la Fiscalía Europea
En la nota oficial distribuida por la Fiscalía Europea se asegura que en la llamada ‘Operación Almirante’, desarrollada en colaboración con Europol y jueces de numerosos países europeos, en funciones de cooperación, se han descubierto “grupos de crimen organizado responsables del fraude del IVA estimado en 22.200 millones de euros.
La EPPO (por sus siglas en inglés European Public Prosecutor’s Office), como así se denomina la Fiscalía Europea asegura haber establecido “un nuevo estándar en las investigaciones financieras transfronterizas”, en cooperación con los organismos encargados de “hacer cumplir la ley de 14 estados miembros de la UE”.
Se han practicado más de 200 registros, en relación con un complejo esquema de fraude del IVA basado en la “venta de productos electrónicos populares”. Esta acción ha tenido lugar en Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumanía, Eslovaquia y España. En el marco de esta actuación “emblemática de la EPPO”, ya se realizaron búsquedas en Chequia, Hungría, Italia, los Países Bajos, Eslovaquia y Suecia los días 12 y 13 de octubre de 2022.
Se analizan ahora todos los datos recopilados, y “la investigación sobre los grupos del crimen organizado detrás de este esquema continúa”.
Arranque de las investigaciones
En abril de 2021, la Autoridad Tributaria portuguesa en Coimbra investigaba una empresa que vendía teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos, bajo sospecha de fraude de IVA. Cuando la Fiscalía Europea comenzó a indagar, en junio de 2021, “de acuerdo con su obligación legal, las autoridades portuguesas informaron del caso” a los fiscales de la EPPO, con sede en Luxemburgo y dependientes de la Unión Europea (UE).
Desde una perspectiva nacional, basada en la investigación administrativa, la facturación y las declaraciones fiscales parecían estar en orden. Sin embargo, “los fiscales delegados europeos portugueses decidieron investigar más a fondo”.
Mediante un trabajo conjunto, “a través de las fronteras”, los fiscales europes, los analistas de fraude financiero de la EPPO y los representantes de Europol y las autoridades policiales nacionales establecieron gradualmente “conexiones entre la presunta empresa en Portugal y cerca de 9.000 entidades legales, y más de 600 personas físicas ubicadas en diferentes países”.
Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la EPPO asegura dar a conocer ahora “lo que se cree que es el mayor fraude de carrusel de IVA jamás investigado en la UE”
Las actividades delictivas se distribuyen por los 22 estados miembros participantes de la EPPO, así como por Hungría, Irlanda, Suecia y Polonia, junto con terceros países como Albania, China, Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino Unido y los Estados Unidos.
La participación de grupos del crimen organizado
Más allá del tamaño del fraude, asegura este organismo judicial europeo, lo que hace que este fraude de carrusel de IVA destaque es la “extraordinaria complejidad de la cadena de empresas”. Desde sociedades que actúan como “proveedores aparentemente limpios de dispositivos electrónicos”, hasta aquellas que reclaman reembolsos de IVA a las autoridades fiscales nacionales mientras venden estos dispositivos en línea a clientes individuales.
Estas actividades no serían posibles -según se asegura en la nota oficial- sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, “cada uno de los cuales tiene funciones específicas” en el plan general. Trabajando de forma transnacional, “casi con una lógica industrial”, han evitado ser detectados durante años.
La capacidad de la EPPO
Según la última estimación de Europol, el fraude de carrusel del IVA, o “el fraude intracomunitario de comerciantes desaparecidos”, es el delito más rentable de la UE, que cuesta “alrededor de 50 mil millones de euros anuales en pérdidas fiscales a los estados miembros”. Transfronterizo por definición, una vez que alcanza un nivel de complejidad comparable al visto en la ‘Operación Almirante’, “este tipo de fraude es casi imposible de descubrir desde una perspectiva puramente nacional”.
Utilizando el Sistema Central de Gestión de Casos de la EPPO, el acceso a las bases de datos nacionales y europeas, apoyado por la capacidad analítica y de investigación de la Oficina Central de EPPO, así como por Europol y los agentes nacionales encargados de hacer cumplir la ley, “los fiscales europeos pudieron diseñar e implementar un enfoque de investigación común” para toda una red de grupos del crimen organizado
Declaraciones de la fiscal jefe europea
“Con la ‘Operación Almirante’, la Fiscalía Europea está poniendo en el centro de atención una industria criminal altamente sofisticada. Ha estado prosperando en la Unión Europea, sobre todo debido a las limitaciones estructurales de las autoridades fiscales y policiales nacionales, cuando se trata de la delincuencia financiera transfronteriza”, ha declarado este martes la fiscal jefe europea, Laura Kövesi.
Sin la EPPO, este tipo de operación habría tardado años en prepararse, o lo más probable es que “nunca se hubiera llevado a cabo”, sostiene la representante judicial.
A juicio de Kövesi, la ‘Operación Almirante’ es una “clara demostración de las ventajas de una fiscalía transnacional”. Cuando se trata de fraude al IVA, “desde una perspectiva nacional”, los daños pueden evaluarse como relativamente pequeños o inexistentes, o incluso permanecer sin ser detectados. “Necesitas una vista en helicóptero para ver el panorama completo”, ejemplifica.
La Fiscalía Europea “tardó menos de 18 meses, desde el informe inicial sobre el delito, hasta descubrir toda una red de grupos de delincuencia organizada”, responsables de una “asombrosa pérdida de 2.200 millones de euros” para los contribuyentes de la UE. De ahí que esta fiscal considere, sin dudarlo, que “este es el mayor fraude de IVA de Europa descubierto hasta ahora”, sentencia la funcionaria.
Lista de los socios y autoridades nacionales más importantes involucrados:
- Europol
- Policía Federal Belga
- Policía de Chipre
- Oficina Jurídica de la República de Chipre
- Unidad de Investigación Judicial del Ministerio de Finanzas de Francia
- Oficina Regional de Impuestos de Hesse (Alemania)
- Oficina de Investigación Tributaria de Hamburgo (Alemania)
- Oficina de Investigación Fiscal Schwäbisch Gmünd (Alemania)
- Oficina de Investigación Tributaria de Reutlingen (Alemania)
- Policía financiera de Atenas
- Guardia italiana de Finanzas
- Servicio de Investigación de Delitos Financieros del Ministerio del Interior de la República de Lituania
- Policía Grand Ducal de Luxemburgo
- Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD) de los Países Bajos
- Departamento Central de Investigación de Fraude Fiscal de la Autoridad Tributaria y Aduanera de Portugal
- Policía Judicial Portuguesa
- Guarda Nacional Republicana portuguesa
- Dirección General de la Policía de Bucarest
- Presidium de la Fuerza de Policía Eslovaca
- Guardia Civil española
