El exasesor urbanístico municipal de Marbella, Juan Antonio Roca, en una imagen de archivo
El principal acusado del caso ‘Malaya’ y presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, ha asegurado este miércoles que negoció con el grupo mixto en el que estaba el exconcejal Francisco Javier Lendínez, tras la moción de censura de 2003, con el fin de mantener la estabilidad del equipo de gobierno y la gobernabilidad en el Ayuntamiento, aunque ha asegurado que no habló directamente con él, según informa Europa Press.
Así lo ha asegurado en el juicio que se sigue en la Audiencia de Málaga contra Lendínez, que se encuentra en prisión. La Fiscalía Anticorrupción ha modificado sus conclusiones iniciales y pide ahora ocho años de cárcel en lugar de 10, al cambiar la acusación a otro tipo de cohecho continuado, en concreto para acto injusto realizado; manteniendo los de prevaricación y malversación. La vista oral terminará el próximo lunes con los informes finales.
El presidente del Tribunal que juzga a Lendínez y que también lo juzgó a él, José Godino, ha advertido a Roca antes de empezar su declaración de que aunque comparece como testigo propuesto por la defensa no tenía obligación de contestar a las preguntas y no se le iba a tomar juramento de verdad, porque la sentencia que le condenó a 11 años de prisión como presunto cerebro de la corrupción marbellí está pendiente de recurso ante el Tribunal Supremo.
En estas condiciones, Roca se ha remitido a lo declarado durante la vista oral por el caso ‘Malaya’ ya que, ha dicho, no ha podido tener acceso a la causa porque “no se me permite ordenador en la prisión”. Ha asegurado que no intervenía en las decisiones municipales, pero que sí negoció la unión de concejales para que no se rompiera el equipo de gobierno que surgió tras la moción de censura que apartó a Julián Muñoz de la Alcaldía.
En este sentido, ha explicado el acuerdo al que llegó con el grupo de la oposición en el que estaba Lendínez –aunque no negoció con él sino con el exedil Emilio Jorrín–, tras la salida del tripartito de los ediles del PA. El objetivo era tener el apoyo puntual en determinados asuntos del pleno. A cambio, se le pidió que hablara con la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, para que les pagara la asignación como grupo que se le debía, lo que ésta rechazó.
Entonces, ha explicado, llegó al acuerdo de adelantarles esa asignación que se les adeudaba como grupo por parte del Ayuntamiento, a cambio de apoyos puntuales, pero “en ningún momento gratifiqué”, ha indicado el principal acusado del caso ‘Malaya’, añadiendo que, además, “nunca fue necesario el apoyo en el pleno” de este grupo de la oposición, “porque nunca se hizo nada que necesitara una mayoría absoluta”.
SIGLAS
Las acusaciones –además del fiscal está el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía que coinciden con el ministerio público– sostienen que los archivos informáticos intervenidos en la empresa Maras Asesores, vinculada a Roca, aluden a dos pagos de 6.000 euros a LB –que los investigadores identifican con Lendínez–, en diciembre de 2004 y febrero de 2005, cuando el acusado ya estaba en la oposición tras la moción de censura.
Roca ha ratificado que las siglas que aparecen en los archivos de la empresa Maras Asesores que reflejan una supuesta contabilidad las decidía él. Preguntado por LB, ha apuntado que no se corresponde con el acusado, sino que entiende que con el que era secretario municipal, Leopoldo Barrantes –también juzgado en la macrocausa– y que la explicación de incluirlo sería que “la alcaldesa me dijera que pusiera alguna partida para LB”.
Cuando el abogado que representa a la Junta de Andalucía le ha indicado al testigo que en una declaración en la vista oral de noviembre de 2011, cuando era acusado, dijo que esas iniciales se correspondían con Lendínez, Roca ha declarado: “me ratifico en la declaración del juicio, pero no tiene sentido que Lendínez esté en una relación de concejales del equipo de gobierno”.
También ha declarado el exalcalde marbellí Julián Muñoz, a quien se le ha preguntado fundamentalmente por el convenio ‘Vente vacío’, de permuta de terrenos y aprovechamientos urbanísticos, aprobado en una comisión de gobierno de 1999, en la que habrían participado tanto Lendínez como el exregidor. Éste último ha asegurado que no negoció ese convenio y que no asistía a las comisiones de gobierno, aunque aparezca en las actas.
Sobre la moción de censura contra él, ha vuelto a explicar cómo se gestó después de que la Junta de Andalucía le exigiera determinados cambios, como la desaparición de la Gerencia de Urbanismo dirigida por Roca. Ha asegurado que el equipo de gobierno tripartito tenía “problemas económicos y también de gobernabilidad”, porque “era un pacto contra natura” y un “reino de taifas”. Ha apuntado que fue a dos plenos tras su destitución “y no volví más”.
También han comparecido otros miembros del Grupo Independiente Liberal (GIL) juzgados y condenados en esta causa –aunque la sentencia está pendiente de recurso–, como Tomás Reñones o Carmen Revilla, quien ha recordado que ya pidió perdón por una carta que escribió “porque me lo dijo José Luis Sierra” –asesor jurídico del Ayuntamiento– en la que incriminaba a varios de sus compañeros por haber cobrado de Roca por apoyar la moción de censura, reiterando que “nunca recibimos dinero”.
