El exgerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, durante el juicio del ‘caso Malaya’
El exasesor de Urbanismo en Marbella Juan Antonio Roca ha declarado este lunes que no ve perjuicio alguno para el Ayuntamiento marbellí con la operación en la finca ‘El Pinillo’, por la que está siendo juzgado, y ha insistido en desvincularse de las decisiones municipales, tales como decretos o acuerdos de pleno, al precisar que las órdenes las daban el exalcalde Jesús Gil y el letrado José Luis Sierra.
En el juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, y que continuará ya la próxima semana, Roca ha querido dejar claro que cuando comenzó esta operación urbanística en 1991 él no tenía relación con el Ayuntamiento, sino que era director del Club Financiero, donde estaba normalmente Gil, del que llegó a ser socio en una veintena de empresas.
En este sentido, ha dicho que no tenía contactos con los responsables económicos ni conocimientos jurídicos y “no daba ninguna instrucción en el Ayuntamiento, donde había dos personas que mandaban, Jesús Gil, el regidor, y José Luis Sierra, jefe de la asesoría jurídica”, del que ha dicho que era “la figura del alcalde en el Consistorio”.
“El Ayuntamiento tenía un alcalde y un jefe de la asesoría jurídica, de todo lo que yo sea responsable pregúnteme que le contesto y además me autoinculpo, pero de esto no”, ha respondido a la cuestión de quién era el responsable de las supuestas ilegalidades en los trámites de la operación, rechazando que se concertara con el también exregidor Julián Muñoz para llevar a cabo maquinaciones.
En cuanto al Ayuntamiento, ha incidido en que no hay perjuicio en ninguna de las tasaciones de los terrenos para sacarlos a subasta y en que “difícilmente se puede ver perjudicado” cuando, ha dicho, hay un informe del arquitecto municipal que dice que el Consistorio invirtió 200 millones de las antiguas pesetas y la valoración de lo que se ha quedado valía más de 550 millones de las antiguas pesetas.
Roca ha considerado que los perjudicados son los herederos de la exmujer del propietario, a la que el Ayuntamiento no ha pagado lo que le debe; y un empresario acusado que compró la parcela al final y “no pueden hacer nada”, así como la entidad bancaria que dio la financiación. Pero ha dicho que “nunca” se presionó al dueño para que vendiera, insistiendo en que fue para “echarle una mano”.
Ha negado que hubiera un motivo especulatorio en la compra de ese crédito hipotecario que inicialmente había sobre la parcela, señalando que Gil era “muy mal pagador” a los bancos. También ha rechazado que se quisiera ocultar la participación del exalcalde y de él mismo en esta operación, “no existía más ánimo que el banco no se quedara con la finca”.
La versión de Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción considera que a través de la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron, al pasar a ser urbanizable.
El fiscal relata en su escrito de conclusiones iniciales, al que tuvo acceso Europa Press, una serie de operaciones “encadenadas” de transmisión del crédito hipotecario “que la gravaba” la finca en cuestión y en las que Roca participó, según el ministerio público, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también a través de empresas para adquirir la deuda.
