El exgerente de Urbanismo, Juan Antonio Roca, condenado en ‘saqueo 1’, durante el juicio del ‘caso Malaya’
La Fiscalía Anticorrupción solicita para Juan Antonio Roca ocho años de prisión, el pago de 871.466 euros, y el abono conjunto y solidario con al abogado José Luis Sierra, de 455.437 por el caso de la planta desaladora de Marbella. El juicio se celebrará los días 21, 22 y 23 de diciembre en la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga.
El fiscal sostiene que, después de que Gil asumiera la alcaldía en junio del 91, se maquinó en la corporación, y se ejecutó, «un procedimiento de huida del Derecho Administrativo», lo que ejecutaron el regidor y sus colaboradores más cercanos, «elegidos en base a criterios de confianza y con un incumplimiento sistemático, injustificado y deliberado de la norma de contratación». El acusador habla de confusión entre lo público y lo privado, según informa este miércoles La Opinión de Málaga.
Para ello precisamente se crearon las sociedades municipales, «una organización paralela». Esta forma de actuar se extendió al periodo en el que Gil presidió la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental. Roca, por su parte, ejercía de facto «la jefatura del Ayuntamiento de Marbella y de sus sociedades». Era gerente, además de Planeamiento 2000, de Mancosol Urbanismo.
En 1995, la situación de «pertinaz sequía» obligó a construir una planta desaladora en Marbella. Así, se contrató a la empresa Decosol para su construcción, el 27 de diciembre de ese año, de forma que el contratista financiaría los trabajos a cambio de un canon de inversión. Antes, había que expropiar los terrenos y nombrar una dirección facultativa que se hiciera cargo de la obra, que acabó el 28 de abril de 1997.
