El primer teniente de alcalde de Marbella, Félix Romero, este martes en rueda de prensa. Foto/ Cabanillas
“Yo no he desembolsado ni un duro por mi defensa y sólo asumiré de mi bolsillo las minutas si soy condenado”. Así se ha expresado este martes el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, al ser preguntado por Marbella Confidencial acerca de su decisión de recurrir al bufete Guerrero Abogados para asumir su defensa en el llamado ‘caso Opium’.
El edil del PP, que está citado a declarar como imputado el próximo 17 de octubre a las 13:00 horas ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, contra el medio ambiente y lesiones, ha argumentado que si no hay una condena contra él, o este procedimiento penal es archivado, los honorarios de su defensa serán abonados por las arcas municipales.
La reacción del también portavoz del equipo de gobierno que preside Ángeles Muñoz se ha producido cuando, en el turno de preguntas, tras su rueda de prensa semanal sobre asuntos tratados en la junta local de gobierno.
Este medio de comunicación ha pretendido conocer, por boca de Romero, si al margen de su decisión de contratar personalmente a Guerrero, existe alguna partida municipal para sufragar defensas de concejales y funcionarios de Marbella.
El brazo derecho de Muñoz en el Ejecutivo local recuerda que “hay sentencias y está planteado que, en el supuesto de que quien les está hablado resulte condenado por una infracción dolosa, cualquier pago que haya que realizar a los abogados tendrá que correr de mi cuenta”, ha recalcado el edil conservador al ponerse como ejemplo y referirse en general a otros casos ajenos a su persona.
Hasta tanto llegue una sentencia firme –ha proseguido Romero– “lo que se hace siempre, y esto está previsto también en las bases de ejecución del Presupuesto y en toda la normativa es que, si yo no soy condenado y eso tiene que ver con una situación que a mí me ha causado mi prestación de servicios como concejal, lógicamente si hay que pagar algo tiene que pagar el Ayuntamiento, así ha sido siempre”.
El también concejal delegado de Hacienda ha precisado, incluso, que ni siquiera ha tenido que desembolsar ninguna provisión de fondos para el letrado Salvador Guerrero Palomares, que ostenta su representación en el caso de la polémica discoteca de playa, “porque no me la han pedido”, ha aclarado Romero.
“Yo he ido a un despacho de mi confianza, le he planteado la situación, me quieren llevar y no me piden un duro ahora”, ha añadido el ‘número 2’ de Ángeles Muñoz sobre el conocido despacho jurídico marbellí.
Ya el pasado 3 de octubre este periódico citaba fuentes próximas a Romero que negaban que Guerrero Abogados tuviera contrato alguno con la administración municipal marbellí.
Dichas fuentes –próximas a la defensa de Romero– negaban también que el citado bufete haya recibido nunca pagos por minutas giradas al Ayuntamiento de Marbella por la defensa de concejales del equipo de gobierno que preside Ángeles Muñoz, incluida la propia regidora.
No obstante, las fuentes jurídicas consultadas el pasado 3 de octubre admitieron desconocer si, “dentro del estatuto que ellos tienen”, en alusión a concejales imputados, el Ayuntamiento le reintegra a Romero lo que éste abona –en primer término– a su abogado defensor.
Guerrero representó a la alcaldesa en dos casos mediáticos archivados por Dívar en contra del criterio del fiscal
A la izquierda de la imagen el fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, frente al juez Gonzalo Dívar. FOTOS/MARBELLA CONFIDENCIAL
Así pues, a tenor del criterio expuesto por Romero sobre cuáles son los supuestos en los que el Ayuntamiento de Marbella costea la defensa de concejales y funcionarios– imputados que son absueltos, o bien archivadas las causas contra ellos– cabría recordar las varias ocasiones (al menos dos casos mediáticos) en los que la actual alcaldesa ha sido representada por Salvador Guerrero Palomares y, finalmente, las minutas habrían sido costeadas por la administración municipal.
Concretamente, Guerrero se personó en nombre de Ángeles Muñoz en el ‘caso PGOU’, así como en el llamado ‘caso altos cargos’ del PP. Por razones obvias, dada su condición de senadora entonces, la alcaldesa no pudo ser imputada por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, al ser aforada.
El sobrino del juez Carlos Dívar –el que fuera presidente del CGPG y del Supremo– archivó los dos mencionados procedimientos penales que afectaban a la gestión de la alcaldesa. Lo hizo en contra del criterio del fiscal jefe de la ciudad, Julio Martínez Carazo. Éste le solicitó al magistrado marbellí el envío de ambas causas al Supremo, al apreciar indicios de delito con respecto a Muñoz.
Las llamadas “indemnizaciones” a concejales y funcionarios por minutas
Fuentes jurídicas consultadas por este medio, ajenas al procedimiento penal que atañe a Romero, pero personadas en otros casos donde hubo funcionarios y cargos de confianza del Ayuntamiento de Marbella, sostienen que en esta administración municipal, al igual que en otras, existe el concepto de “indemnizaciones” para gastos de defensa.
Así pues, en base a lo anteriormente expuesto, el consistorio marbellí le abona al concejal o funcionario que no es condenado la totalidad de lo que éste –en primer término– haya abonado a su abogado defensor designado durante la duración de la causa hasta la sentencia firme.
Cabe también la posibilidad, añaden estas fuentes, de que el imputado no haya tenido que desembolsar el pago de su abogado, durante todo el proceso, y al no ser finalmente condenado le presente directamente la minuta de su letrado al ayuntamiento de turno para ser abonada.
Los juristas consultados explican que se denominan “indemnizaciones” porque, de lo contrario, si se tratara de minutas en toda regla, “estarían sujetas a IRPF, retenciones, Seguridad Social y demás…”. Por tanto, las indemnizaciones, como tales, “no computan” a efectos tributarios, apostillan.
En el marco de su intervención en rueda de prensa Romero ha tildado la querella que recae sobre él, la alcaldesa, y dos empresarios de la discoteca Opium como “una denuncia falsa”.
Ha añadido que si tiene la “posibilidad” de interponer una denuncia, “por denuncia falsa”, contra quienes se han querellado contra él, en alusión a Santiago Montero, “ésa sí que la pagaré de mi bolsillo”.
A lo anterior se suma el recordatorio del primer teniente de alcalde sobre que “en el ámbito penal también existen las costas, y puede ser que lo pague quien me haya denunciado falsamente”, augura.
Romero considera que “la actividad de riesgo en que se ha convertido servir al ciudadano, que es lo que me pasa a mí, tampoco puede ser una circunstancia que nos lleve a crucificarnos por partida doble”, ha concluido.
Pocos minutos después de finalizar su rueda de prensa el primer teniente de alcalde marbellí ha querido añadir, a modo de matización –en conversación con Marbella Confidencial– que, aunque hasta el momento no haya abonado nada, “yo puedo ir pagando alguna minuta al despacho de Guerrero y luego, al no ser condenado, ser abonadas por el Ayuntamiento”.
