El portavoz del gobierno de Marbella, Félix Romero, este jueves durante su comparecencia ante los medios. FOTO/ Ayto de Marbella
Nunca mejor aplicado aquello de mezclar churras con merinas. Es lo que ha hecho este jueves el portavoz del equipo de gobierno del PP en Marbella, Félix Romero, al mezclar dos asuntos judiciales diferentes, bien distintos, como si se tratase de un solo caso.
En el marco de una comparecencia ex profeso para valorar el archivo del llamado ‘caso PGOU’, el primer teniente de alcalde ha dicho que “se pone punto final, de una vez por todas, al dichoso asunto de las lindes” entre Marbella y Benahavís.
Cabe recordar que el llamado ‘caso deslindes’ en el que se investigó si la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, había hecho modificaciones de lindes para supuestamente beneciar a su familia y a ella misma, en terrenos propios, fue archivado hace bastantes años. El PSOE no recurrió a la Audiencia Provincial de Málaga cuando el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, lo archivó en primera instancia, tras una denuncia del entonces edil socialista independiente (no afiliado) Javier de Luis.
Por lo que respecta al ‘caso PGOU’, ahora archivado en el Supremo, se trataba de dirimir si el acta del pleno celebrado en 2009, para la aprobación del PGOU, fue falsificada o no y si la alcaldesa tuvo responsabilidad penal, ahora descartada por la Sala Penal del alto tribunal en un auto redactado por un ponente que fue senador del PP, la misma condición que ostenta ahora Ángeles Muñoz.
Es cierto que la plataforma que denunció el ‘caso PGOU’ aseguró que se trataba de alterar las lindes al falsificar presuntamente planos que beneficiaban intereses de Muñoz, pero tales acusaciones nunca prosperaron, por tanto no han sido objeto de enjuiciamiento en el auto del Supremo.
Cabe recordar también que sí hubo un procedimiento administrativo, ante la Junta de Andalucía y ante el TSJA, ya zanjado, para aclarar el cambio de lindes entre los dos municipios, pero nunca ha llegado al ámbito penal tras el archivo en esa vía de la denuncia inicial de De Luis en 2009.
Romero lo tenía muy fácil este jueves para poder destacar que la Fiscalía del Supremo ha dejado en evidencia al fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, pero no lo ha hecho. Lejos de ello ha arremetido duramente contra el PSOE local, a pesar de que los socialistas se sumaron, como acusación, a la querella que impulsó el Ministerio Público hasta el final en el Supremo, sin éxito.
El ‘número 2’ del PP en el Consistorio ha preferido hacer un totum revolutum judicial: “el caso de las lindes comenzó hace diez años cuando los máximos responsables locales y provinciales del PSOE dieron carta de naturaleza a una infamia o falsedad contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz”, ha reprochado a Pepe Bernal y los suyos.
Durante este tiempo, ha señalado Romero, se ha producido “todo un movimiento de explotación, por parte de algunos responsables políticos, de una cuestión que se ha revelado falsa y que tiene que llevar a muchos a la reflexión”.
Romero sí ha mencionado que el auto de archivo del Supremo cuenta con el apoyo del Ministerio Fiscal del alto tribunal, pero no ha cargado contra el acusador principal, el fiscal Martínez Carazo y sí contra el PSOE y la plataforma antideslinde.
“Es claro, concluyente y definitivo y viene a decir lo que decimos desde hace diez años, que jamás se puede imputar ningún tipo de responsabilidad a un representante político por la redacción de un acta que incumbe legalmente a un funcionario determinado”; ha subrayado también que, a juicio del equipo de gobierno, el acta de la sesión plenaria “se realizó también de forma correcta”, informa Europa Press.
En opinión del edil del PP el auto suscita “muchas preguntas”, entre las que Romero ha señalado “si es válido utilizar políticamente hasta la saciedad un asunto que no tenía ningún fundamento; qué hubiese pasado en la Corporación municipal en las elecciones locales de 2015 en las que el PP perdió la mayoría de absoluta por un puñado de votos; o qué perjuicios ha podido causa al Ayuntamiento”.
“¿Hasta qué punto es justo que una persona honesta y honrada que tiene vocación de servicio se tenga que ver obligada a pasar un calvario judicial de diez años con el coste personal y material que tiene que asumir y del cual nadie responde? Son preguntas que nos hacemos desde el PP y el Gobierno local”, ha añadido.
