El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en una imagen de archivo. Foto/ UIMP
Sorpresa. Esta palabra resume el sentir que se puede pulsar en el seno de laFiscalía Anticorrupción por no haber recibido diligencia alguna, proveniente de la Audiencia Nacional (AN), en relación con la trama sueca de narcotráfico y blanqueo que consiguió 642.000 euros en adjudicaciones municipales de obras del Ayuntamiento de Marbella. Como es sabido esta “organización criminal”, en palabras del juez García Castellón, tiene entre sus miembros destacados y procesados al marido de la alcaldesa de la localidad malagueña,la popular Ángeles Muñoz, así como a un hijastro de la también senadora del PP.
Las fuentes de Anticorrupción consultadas por Vozpópuli consideran que el citado magistrado del Juzgado Central 6, así como la Fiscalía Antidroga, debieron “deducir testimonio” tras solicitarles la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que se abrieran una pieza separada por delitos relacionados con presunta corrupción municipal.
Y es que, tanto García Castellón como el fiscal contra la droga encargado de este caso –instruido en la AN–, rechazaron de plano la solicitud formulada por los investigadores policiales. Una vez que los agentes comprobaron las relaciones e influencias desplegadas por el hijastro de la alcaldesa, Joakim Broberg, no solo con el Consistorio marbellí, sino también con el vecinomunicipio de Benahavís, del que Ángeles Muñoz fue teniente de alcalde. Precisamente, ella y su marido disponen en dicha localidad de importantes intereses inmobiliarios, entre ellos la lujosa mansión que pusieron años atrás a la venta por 12 millones de euros.
En Anticorrupción recuerdan que Antidroga no investiga delitos de corrupción y creen “comprensible” que rechazara indagar sobre algo que no es narcotráfico ni blanqueo, de ahí que las fuentes citadas insistan en que debieron enviárselo a este departamento del Ministerio Público, algo que también achacan al juez instructor.
Además, Vozpópuli informaba la pasada semana acerca de que el fiscal jefe de Marbella, Julio Martínez Carazo, solo investigó un 10% de los fondos adjudicados en obras municipales a la empresa Construcciones y Demoliciones Costa del Sol S.L. (Codecosol), cuyo propietario es el empresario sueco procesado en la trama Nils Fisher.
