La inauguración, a mediados de febrero, de un Centro de Atención a Transeúntes pareció marcar un hito para el PP en una materia, la política social, al frente de la cual estuvo IU en la primera mitad del mandato. El espejismo, sin embargo, se desvaneció pocos días después con la disfusión a través de las redes sociales de unas imágenes en las que un operario municipal retiraba un banco que utilizaba un transeúnte para dormir y la noticia de que diez ‘sintecho’ fueron expulsado del Albergue África, en el que estaban alojados. Ambos episodios concitaron las críticas de la oposición, de sensibilidad de izquierdas tras la moción de censura, contra la delegada de Asuntos Sociales, Isabel Cintado, de las que sólo se ha podido librar después de que la atención mediática se centrara en la polémica sobre el sacrificio en el plazo de diez días de los animales abandonados.
Cintado trató de zafarse de las críticas sobre la expulsión de los diez transeúntes, en un momento en el que la polémica sobre la retirada del banco estaba candente en las redes sociales, alegando que la Junta de Andalucía no había renovado un contrato suscrito para dar cobijo a las personas sin hogar. Una simple llamada a la parte aludida sirvió para desenmascarar los dos subterfugios de Cintado.
Ni el contrato ha vencido ni sirve para atender a transeúntes. La finalidad del convencio, según señalaron fuentes de la Junta, es prestar cobijo de forma temporal a personas que necesitan alojamiento por cuestiones extraordinarias, como un incendio o la inundación de sus casas. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de los vecinos que tuvieron que abandonar sus hogares por las crecidas de los arroyos durante las lluvias de diciembre de 2016. Lo que el gobierno local trató de hacer fue recurrir a ese servicio ante el hecho de que el Centro de Atención a las personas sin techo cierra por las noches y alojar a transeúntes en el Albergue África sabiendo que, transcurridos unos días, lo iban a tener que abandonar.
Especialmente crítica ante esta situación fue la anterior responsable de Derechos Sociales, Victoria Morales, que acusó a Cintado de “mentir” para tratar de ocultar “la mala gestión” ante este colectivo. “El albergue tiene cerrados otros usos para acoger a jóvenes de intercambio de diferentes países, por lo que es inviable tenerlo como alojamiento alternativo permanente para el uso del Ayuntamiento”, indicó la edil.
Por su parte, Podemos, formación que pide medidas para un “rescate ciudadano” desde el inicio del mandato, acusó al PP de recurrir a “medidas parche”, entre ellas el Centro de Atención de Transeúntes, “un servicio que, al finalizar el día, vuelve a dejar a estas personas en la calle”.