El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves durante la sesión de control desde su escaño, junto al vicepresidente Juan Marín. FOTO/ Junta
Vox ha encontrado un nuevo frente para incrementar su presión política contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Si antes fueron los menores migrantes marroquíes ahora se trata de la llamada ‘administración paralela’, creada por el PSOE. De ahí que el portavoz del partido de Abascal, Manuel Gavira, le haya pedido este martes que “eche a los enchufados” si quiere seguir contando con su apoyo parlamentario”.
Como no empiecen a arreglar los chiringuitos, más pronto que tarde, los ciudadanos dirán que son también del PP“, le ha recomendado también Vox al gobernante sobre los focos de enchufados.
El arranque de la primera sesión de control al presidente, en este estrenado curso político del Parlamento de Andalucía, ha tenido como protagonistas a Gavira y Moreno en el primer cara a cara. Desde Vox le recuerdan al sucesor de Javier Arenas al frente del PP-A que gobierna gracias a ellos después del “peor resultado” cosechado en la historia del Partido Popular(antes Alianza Popular) en aquellas elecciones del 2 de diciembre de 2018, que supusieron el fin de ‘régimen socialista’ tras 37 años de poder.
La formación de derecha extrema considera que “todo sigue igual“, en cuanto a que no ha habido despidos de contratados a dedo: “Queremos el fin de la administración paralela, que se eche a los enchufados cuanto antes y se acaben los gastos superfluos”, le ha reprochado Gavira al gobernante porque, a su juicio, “no vale cambiarlo todo para dejarlo como estaba”.
El perfil moderado de Juanma Moreno, muy alejado de las tesis de la dirección nacional de Génova, le ha llevado a no entrar como elefante en cacharrería en la intrincada red de tela de araña que representa la administración andaluza y descartar medidas extremas: “No somos de revanchas ni de vendettas, no es nuestro estilo”, ha respondido la máxima autoridad andaluza a Vox a la hora de defender el llamado ‘Plan de Simplificación Instrumental’ para regular las contrataciones opacas y no precipitar los despidos sin un sustento legal.
