Manuel Gavira, portavoz de Vox, este miércoles en rueda de prensa. FOTO/ Cabanillas
La amenaza se ha cumplido. Vox ha dejado este miércoles en minoría parlamentaria al Gobierno andaluz del Partido Popular y Ciudadanos al tumbar la nueva ley del suelo que promueve la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. A pesar de haber apoyado la novedosa normativa durante todo su proceso de elaboración y decreto de la misma, la formación de Santiago Abascal ha dado un giro de 180 grados, motivado por la acogida de 13 menores inmigrantes marroquíes en Andalucía, tras la crisis de Ceuta.
Ya en la sesión plenaria el antecesor de Gavira en la portavocía de Vox, Alejandro Hernández, ha anunciado la abstención: “La posición de mi grupo coincide en cierta medida con la posición de Adelante Andalucía, sobre todo con su argumentación, no así en el fondo, porque nuestra concepción del urbanismo se encuentra en las antípodas de los comunistas”, ha dicho para referirse a Unidas Podemos.
Adelante Andalucía, el grupo parlamentario del que se escindieron los anticapitalistas de Teresa Rodríguez (ex Podemos) ha calificado la LISTA de “urbanismo salvaje” que retrotrae el urbanismo andaluz “a los tiempos de la ley del suelo de Aznar”.
La abstención de los 11 diputados de Vox deja en 50 la suma de los votos de Adelante Andalucía, los anticapitalistas no adscritos y el PSOE, frente a los 43 que suman PP y Cs.
Un problema de “seguridad jurídica”
A juicio de Hernández existe “un problema de seguridad jurídica con esta ley” porque –según ha argumentado– “se ha buscado la simplificación y desregulación” de trámites burocráticos, “pero al final, si lo estudiamos, vemos cómo ni se simplifican ni se clarifican las actuaciones a seguir”.
Para el partido de extrema derecha, “esta ley no resuelve la complejidad administrativa” de los instrumentos de planeamiento urbanísticos de la comunidad autónoma.
El parlamentario opositor ha citado el caso del mayor caos urbanístico registrado en Andalucía, como fue el de la Marbella de Gil y la posterior anulación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de la ciudad que, en 2010, fue anulado por el Supremo: “Parece que no hemos conseguido parar el efecto cascada”, ha expuesto sobre las sucesivas anulaciones en otros municipios andaluces.
